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Son 674 postulantes los que registran amplio prontuario. Casos van desde terrorismo, violación sexual, drogas, hasta robo. ¿Se imagina usted que al momento de sufragar por un candidato 'preferido’ podría estar eligiendo a una autoridad municipal o regional con un amplio prontuario de delitos como tráfico Ilícito de drogas, violación sexual, terrorismo, homicidio, robo o lesiones? ¿Dejaría que un candidato con sorprendentes atestados policiales, acusaciones y sentencias por robo a mano armada o apropiación ilícita maneje las arcas financieras de su municipalidad?

Un revelador y actualizado informe, a agosto del presente año, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, al que accedió Perú.21, da cuenta de 674 postulantes a alcaldes provinciales, distritales y regidores, así como a presidentes y consejeros regionales en todo el país que presentan un largo pergamino delictivo que aún siguen siendo materia de investigación.

De acuerdo con el minucioso análisis policial, de los 674 candidatos con dichos antecedentes, 317 buscan ser regidores a nivel nacional, 181 pretenden ser burgomaestres distritales, 40 intentan ser alcaldes provinciales y 80, concejales.

Hay candidatos como Manuel Leyva Cubas, quien postula a la Alcaldía provincial de Utcubamba en Amazonas por el Movimiento de Integración Regional Amazónico, que registra –según el informe – hasta seis denuncias por tráfico de drogas, lesiones y robo que habría cometido en Lima y Chachapoyas, entre 1982 y 1998. En su declaración de vida de candidato, Leyva Cubas no presenta ningún antecedente.

También está José López Morillo (Fuerza 2011) que postula para alcalde provincial de Sihuas (Áncash) y tiene 5 acusaciones. Pese a que se trata de denuncias relacionadas a delitos contra la administración pública, el dos veces alcalde de Ate y aspirante a un tercer periodo por Somos Perú, Oscar Benavides, tiene en su haber 70 denuncias, de las cuales 45 están en proceso de formalización penal en la Fiscalía y 25 archivados.

'JOYITAS'
Este diario observó que 376 de los 674 postulantes cuestionados provienen de las filas de los movimientos regionales, provinciales y locales. Pero también hay conocidos partidos políticos que sin ningún aparente filtro han escogido a sus personajes electorales.

Alianza para el Progreso, con 39 casos, es el partido que encabeza la larga lista de postulantes prontuariados. Lo siguen Acción Popular (37), Perú Posible (36), Fonavistas del Perú (35) y Fuerza 2011 (33).

En el ámbito regional, la Dirección de Inteligencia policial detectó que seis candidatos con antecedentes buscan ser presidentes regionales y 50 consejeros. Sin embargo, el portal Perubicentenario halló a 45 candidatos a presidente regional en las 25 regiones del país con expedientes como terrorismo, homicidio culposo, malversación de fondos, peculado, difamación, delitos contra el honor, violencia y demanda familiar.

Consultado sobre esta situación, Ulises Montoya Alberti, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, lamentó esta situación, pero precisó que “muchos de estos aspirantes tienen sus procesos en trámite y que, incluso, no están obligados a declarar en su hoja de vida de candidato porque les asiste la presunción de inocencia”.

El experto en temas municipales Julio César Castiglioni dijo que las personas que han cometido delitos y hayan cumplido su pena no deberían postular si el hecho punible fue contra el Estado; tampoco los que tienen procesos abiertos, cualquiera sea su naturaleza.

TIENEN LO SUYO
Por su parte, los partidos que impulsan las candidaturas de Susana Villarán y de Lourdes Flores también cuentan con su propio ranking de postulantes con antecedentes. Fuerza Social registra ocho casos, seis en Lima y dos en el interior del país.

El Movimiento Nueva Izquierda, aliado de FS, tiene nueve, mientras que Tierra y Libertad, también socio partidario de Villarán, 4.
En tanto, el Partido Popular Cristiano, que lidera Flores Nano, aparece con 25 aspirantes, tanto en Lima como en el resto del país, en problemas con la justicia.
Fuentes policiales admitieron que la cifra nacional podría sobrepasar el millar de postulantes con pasado policial y judicial, debido a que muchos cumplieron sus condenas y otros lograron que se archivaran sus casos al no determinarse su culpabilidad. El elector tiene que informarse y, al final, tiene la palabra.

Fuente: PERU21.PE
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About the Author Fernando García Guevara

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